HISTORIA DE HONDURAS

La tarea prioritaria

El ahora General Oswaldo López Arellano sorprendió a propios y extraños al anunciar en el discurso inaugural del gobierno de las Fuerzas Armadas, el primero de Enero de 1973, que la tarea prioritaria a emprender sería la realización de la reforma agraria.

Acababa de comandar un segundo golpe de Estado, este contra el gobierno presidido por el nacionalista Ramón Ernesto Cruz.

La cúpula política de nacionalistas y liberales había aprovechado el sentimiento patriótico revitalizado después de la guerra con El Salvador para proponer, para las elecciones de 1971, un gobierno de concordia y unidad nacional.

Resultara quien resultara electo --y lo fue el candidato del Partido Nacional, puesto por puesto-- toda la administración pública habría de repartirse entre los dos partidos tradicionales.

Pero luego de un año el experimento se hundió en la inoperancia administrativa y fue clausurado, sin pena ni gloria, por el Ejército.

Las Fuerzas Armadas decidieron que los partidos políticos eran historia y que les correspondería en adelante asegurar el futuro de la nación. Para rescatar y aprovechar adecuadamente la riqueza de los bosques de Honduras se creó la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal.

Se promulgó una Ley de Salario Mínimo y se creó un sistema de tiendas del Estado, los BANASUPRO, para mantener bajos los precios de la canasta básica familiar.

El programa militar, contenido en un Plan Nacional de Desarrollo, satisfizo a las organizaciones populares, a los universitarios e intelectuales progresistas; buscaba luchar contra la dependencia y el subdesarrollo, términos que se incorporaban, por vez primera, al discurso oficial.

El primer decreto importante del gobierno militar, de Diciembre de 1972, fue el Número 8 que ordenaba el arrendamiento forzoso de las tierras que tenían ocupadas los campesinos, lo que abrió las puertas para su acceso legal a las mismas y les permitió constituirse en cooperativas o empresas asociativas.

La Ley de Reforma Agraria de 1974 avanzó bastante más que la de la época de Villeda Morales en beneficio del sector campesino.

Entre las nuevas fuerzas surgidas en este período, el movimiento campesino hondureño había adquirido un lugar protagónico. Y junto a los campesinos, las organizaciones sociales promovidas por la Iglesia Católica. La Iglesia había salido del extenso letargo que se remontaba a la Reforma Liberal.

La reforma litúrgica a partir del Concilio Vaticano II y la opción en favor de los pobres, recomendada por la reunión del obispado latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1968, renovaron su inspiración y su arriago entre los más necesitados.

Ante la secular ausencia de sacerdotes en el campo, la acción pastoral se encomendó a los Celebradores de la palabra. Los textos evangélicos y catequísticos insistían en la dignidad del trabajo y del trabajador, en la necesidad profética de luchar por una vida digna.

Y para ello lo básico era el acceso a la tierra. El Celebrador de la palabra solía ser, al mismo tiempo, el secretario de la liga campesina.

Constantes movilizaciones e invasiones de tierra se llevaban a cabo, a lo largo y ancho del país.

La incapacidad para lidiar con el movimiento campesino fue, en realidad, lo que finiquitó al gobierno de unidad bipartidista. La afirmación de que la reforma agraria vendría a ser la tarea prioritaria fue la respuesta del gobierno militar ante la creciente movilización de los hombres y las mujeres del campo.

Surgió, de la aplicación de la política del gobierno militar, el sector campesino reformado, o sea el constituido por los grupos beneficiados por esta política, que sin embargo fue de corta duración.

Los países productores de banano, en 1974, se disponían acordadamente a aumentar el gravamen pagado por las compañías transnacionales sobre la exportación de la fruta.

Honduras, de improviso, retiró esa exigencia.

Luego se averiguó que altos funcionarios del gobierno militar habían aceptado un jugoso soborno para proceder de esa forma. Aunque la investigación no llegó hasta el fondo, este escándalo dio pie para que las Fuerzas Armadas, titulares del poder, destituyeran a López Arellano y colocaran en su lugar al General Alberto Melgar Castro.

Las organizaciones campesinas y cristianas aprovecharon para insistir ante el nuevo Jefe de Estado sobre la profundización y ampliación en la aplicación de la reforma agraria. Miles de campesinos habrían de marchar, desde diversos puntos del país, para converger sobre la capital.

La marcha fue abortada en Olancho por militares y terratenientes. Y en una hacienda llamada Los Horcones fueron asesinados dos sacerdotes, una visitante colombiana y una estudiante universitaria. El gobierno pretendió ocultar el crimen y entretanto la represión se cebó sobre los sacerdotes y las monjas, en Olancho, sobre los órganos de difusión y los institutos de capacitación de la Iglesia en todo el país.

Después de Los Horcones el proceso de reforma agraria en las zonas conflictivas prácticamente se paralizó. Los militares iniciaron un costoso proyecto de colonización y se abrió la frontera agrícola del Bajo Aguán.

Pero una vez allí, terminaron por reprimir a las cooperativas campesinas y constituirse en los principales beneficiarios de este nuevo polo de desarrollo agrícola. La Iglesia Católica quedó atemorizada ante las acusaciones formuladas por los terratenientes, de cobijar a curas comunistas, que en su mayoría eran extranjeros.

Las organizaciones sociales de la Iglesia no se repusieron del golpe recibido.

© La Prensa Honduras, C.A.
1999 Derechos Reservados



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