MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA

Intendencia Versus Alcaldía

Todos estos acontecimientos aumentaron el encono de la élite minera contra la burocracia de Comayagua. Los tegucigalpenses se quejaban perpetuamente de las exigencias que ponía la Casa Real en la concesión de azogue y pólvora que impedía el laboreo regular de las minas. Siendo intendente el Barón de Ripperdà (que falleciera posteriormente como gobernador de Texas) obligó a los mineros a que en mancomún e insólido otorgaran una escritura de fianza para responder por los azogues y la pólvora entregada, permitiéndose de esta manera un nuevo desastre para el gremio minero que se veía compelido a buscar un fiador -indicado por la misma Casa Real- y previo al cobro del dos y medio por ciento por el valor del material del insumo solicitado.

Los representantes de Tegucigalpa a la intendencia fueron por su orden: don Pedro Mártir de Celaya, José Leandro de la Rosa, Fernando Basurto, Manuel Antonio Vásquez de Rivera, Francisco Antonio Gonzáles Travieso y don Antonio Tranquilino de la Rosa. Cuando se analiza la gestión de los seis delegados a la intendencia, encontramos que don Pedro Mártir que había demostrado una gran capacidad gerencial en su carácter de regidor perpetuo de la alcaldía municipal, prácticamente abandonó su representatividad para dedicarse únicamente a los intereses propios, en combinación con la familia Madariaga, utilizando los servicios financieros de los banqueros Thomé que manejaban ambas fortunas, que incluían además la del grupo minero de don Bernardo Fernández Reconco.

Aunque es posible que don Pedro Mártir haya generado sus actividades gerenciales como una proyección internalizada de la rivalidad que siempre mantuvo con su medio hermano José Simeón de quien envidió no sólo el liderato si no también la influencia sobre las castas, que de una manera u otra, él también utilizó para la construcción de la ermita de Los Dolores, se pasó malos momentos ejerciendo la delegación, porque no tuvo el apoyo social, sintiéndose ignorado en el medio social de Comayagua, sobre todo por el hecho de ser soltero, lo que le impidió una aproximación más directa tanto al mundo influyente de los intendentes e inclusive a la segunda pequeña corte del arzobispado. De los documentos consultados podemos apreciar que toda la labor que hizo en la intendencia fue propulsada por el temor de que las autoridades reales descubrieran sus contactos con los contrabandista ingleses.

Lo mismo aconteció con los otros dos intendentes, don Fernando Basurto y don Leandro de la Rosa, con más decadencia por parte del primero, quien definitivamente se olvida de la representación de sus mandantes, los vecinos de Tegucigalpa, para prolongar las situaciones de los conflictos que don Pedro Mártir de Celaya dejó en la intendencia tales como explotación de platas, pago del trienio de annata y sobre todo servir como fiadores ante la Caja real de los mineros de su grupo o de recién metidos en la industria extractiva.

El primero que se destaca en este campo es don Manuel Antonio de Vásquez y Rivera quien también surge del grupo de poder de don Pedro Mártir, aunque más hábil y joven, tenía a su favor además estar casado con la bella (ahijada y comadre de don Pedro Mártir de Celaya) doña María Josefa Alcántara y García, quien -por su talento e ingenio- se convierte prácticamente en la auténtica reina de la sociedad comayagüense.

En la gestión de don Manuel Vásquez y Rivera el beneficio para los habitantes de Tegucigalpa son mínimos, ya que se limita a reconocer a todas aquellas personalidades de la minería tegucigalpense sirviéndoles pequeñas dádivas, atendiéndolos regiamente como intermediario frente a las autoridades, e inclusive pequeños favores en casos concretos de evasión de impuestos. Aún no se clarifica cómo Manuel Antonio Vásquez de Rivera es el primero en consolidar el enclave minero cuando fusiona las ricas minas de Yuscarán con sus siete vetas, en pleno laboreo, mas las que fueron de los Castejones y Márquez, las de Sabanagrande, Apasapo, Cedros e inclusive fuera del término jurisdiccional de Tegucigalpa, la de Coloal en términos de Erandique y la del Tabanco en las cercanías de la actual Santa Rosa de Copán.

A su vez doña Juana -ejerciendo su reinado con propiedad- hizo que sus tres hermanos varones, los Alcántara, titularan toda la tierra posible en la zona de Aguantequerique fundando una de sus principales haciendas en la que hoy se encuentra el pueblo de San Antonio del Norte, propiedad casi limítrofe de la marca con la gobernatura de El Salvador.

Doña Juana tenía en Tegucigalpa aparte de tres casas que eran herencia de los García Barqueris, también había heredado de su padrino y compadre dos casas, una en la calle de la estación y otra frente a la plaza de Los Dolores, además de una hacienda titulada El Molino que servía de límite a la barranca del río Chiquito donde estableció un molino de trigo y un taladro de metal, edificio cuyos cimientos fueron utilizados en tiempos de don Policarpo Bonilla a finales del siglo XIX para la penitenciería central.

Todos los años finales del siglo XVIII gravitan sobre la influencia de don Pedro Mártir de Celaya y su grupo minero, en donde empieza a surgir la tendencia de los manejos ;familiares ; que sustituyen a los valores familiares. Después de Vásquez y Rivera es delegado don Francisco Antonio Gonzáles y Travieso, gallego, hombre de números y diestro administrador, cuyo principal mérito era ser el esposo de doña María Tomasa Celaya y Rivera (sobrina de don Pedro Mártir).

Don Francisco Antonio había comprado a la sucesión de don Francisco Díaz del Cossío el hermoso sitio titulado Jupuara, donde los mercedarios habían instalado la misión de Rancho Chiquito y que Gonzáles Travieso convirtió en una hermosa hacienda minera, que manejó su suegro, don Luis de Rivera, maniobrando de tal manera que su administración se sale de los intereses de los mineros tegucigalpenses, para apoyar los grupos ganaderos en competición, poniéndose del bando de los terratenientes provenientes de la familia Rosa, competidores de la familia Celaya; razón por la cual maniobró para dejar como su heredero en la Intendencia a don Antonio Tranquilino de la Rosa, con quien se inauguró el período de la pérdida total de la utopía comunal para integrarse a la pérdida del poder de una clase productiva e instaurarse los conflictos de las riñas intrafamiliares.

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