El FEOGA ha representado desde su creación la principal partida del presupuesto comunitario y ha sido así centro constante de los debates cuando el Consejo y el Parlamento Europeo han tomado decisiones en torno al presupuesto de la Unión. En 1995 el FEOGA absorbió alrededor del 48% del presupuesto total de ésta.

Los recursos del FEOGA son aportados conjuntamente por los Estados miembros, independientemente de quiénes vayan a beneficiarse más de los gastos en agricultura. El FEOGA forma parte integrante del presupuesto comunitario general, cuya financiación viene determinada esencialmente por la situación económica de cada Estado miembro. Esta solidaridad financiera entre Estados miembros ricos y menos ricos es uno de los principios fundamentales de la Comunidad y condición indispensable para el logro de un mayor grado de equilibrio económico y social dentro de la Unión, objetivo que está desempeñando un papel cada vez más importante en la política agrícola. Hay también otros ingresos derivados de los derechos de aduana cobrados por la Unión en las importaciones procedentes de países no comunitarios.

Como su propio nombre indica, el FEOGA se compone de dos partes. La Sección de Garantía financia el gasto de la Comunidad en la política de precios y mercados, incluidos los pagos compensatorios de la reforma de la PAC y las medidas de acompañamiento. La mayor parte de los créditos del FEOGA van a la Sección de Garantía (aproximadamente el 90% en 1995) y, de esos créditos, alrededor de la mitad se gasta en pagos directos los agricultores.

La Sección de Orientación recibe los recursos comunitarios asignados a la politica estructural como, por ejemplo, las ayudas a la modernización de las explotaciones, a la instalación de jóvenes agricultores, a la transformación y comercialización o a la diversificación. Junto con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), esta Sección financie las medidas de desarrollo rural. Estas medidas se planifican y se ejecutan de forma bastante descentralizada, se impone la cooperación con los Estados miembros y regiones y se aplica el principio de cofinanciación. En 1995 la Sección de Orientación fue dotada con un importe próximo al 10% de presupuesto agrícola total.

Las organizaciones comunes de mercados permiten, fundamentalmente, fijar un mismo precio para los productos agrarios en todos los mercados europeos, conceder ayudas a los productores o profesionales del sector, instaurar mecanismos que permitan controlar la producción y organizar los intercambios con terceros países. Se fomenta asimismo la constitución de organizaciones de productores que agrupan a los agricultores. Otras disposiciones regulan las ayudas estatales a favor de los productos considerados y las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión Europea.

2.1. Precios

A propuesta de la Comisión Europea y previa consulta con el Parlamento Europeo el Consejo de Ministros, por mayoría cualificada, o bien la Comisión Europea fijan artificialmente, al comienzo de cada campaña de comercialización, tres precios distintos, a saber: el precio indicativo, el precio de umbral, y el precio de intervención de los productos. Las campañas de comercialización, cuyas fechas de inicio difieren en función de los productos, tienen una duración de un año.

• El precio indicativo, precio de base o precio de orientación representa el precio que, a juicio de las instancias comunitarias, debería, en principio, aplicarse en las transacciones. Pese a ser artificial, el precio indicativo se aproxima a los precios que los productos considerados pueden normalmente alcanzar en el mercado comunitario.

• El precio de umbral o precio de esclusa es el precio mínimo al que pueden venderse los productos importados. Más elevado que el de intervención, este precio incita a los operadores económicos comunitarios a abastecerse en la Comunidad Europea, en atención al principio de preferencia comunitaria

• EI precio de intervención es el precio garantizado que, de no alcanzarse, obliga a los organismos de intervención designados por los Estados miembros a comprar las cantidades producidas y a almacenarlas. Con objeto de evitar la carga que este mecanismo puede suponer para el presupuesto comunitario, el Consejo de Ministros alienta el almacenamiento privado concediendo primas a los productores que almacenan ellos mismos los productos.

Desde la reforma de 1992, el descenso de los precios garantizados se compensa en algunos sectores con un aumento de las ayudas directas a los agricultores. La Comisión Europea puede proceder a la desnaturalización de los productos almacenados, utilizarlos con fines humanitarios o venderlos. La venta se realiza mediante subasta y la Comisión determina de antemano el destino de los productos. En caso de venta en el mercado interior, la Comisión se cerciora de que los mercados no sufrirán perturbaciones

2.2. Tipos de ayudas y primas concedidas

Las ayudas que se conceden consisten en pagos por superficie, ayudas a la producción, ayudas destinadas a favorecer la ganadería o montantes compensatorios También se concede financiación con vistas a favorecer la comercialización y la competitividad de los productos, así como la constitución y el funcionamiento de agrupaciones de productores o de profesionales del sector agroalimentario. Existen asimismo ayudas destinadas a alentar el abandono de determinadas producciones o la reconversión de tierras y/o explotaciones. También se adoptan medidas de apoyo al mercado cuando se detectan enfermedades animales

La PAC comprende el conjunto de estrategias comunitarias de apoyo al campo (ayudas directas medidas de mercado y desarrollo rural). Son políticas adoptadas para el conjunto de la Unión y donde, hasta ahora, el margen de maniobra de los estados era escaso. Se dice de la reforma de la PAC que lleva aparejada cierta renacionalización porque incluye mayor discrecionalidad para los países al adoptar esas medidas y mengua, por ende, la unidad.

En la actualidad, Bruselas concede tres tipos de ayudas: a la producción, a la superficie cultivada y las relativas al desarrollo rural. Las dos primeras son directas, esto es, llegan al bolsillo del agricultor en función de sus siembras o cosechas, e íntegramente corren a cargo de las arcas de Bruselas, mientras que las terceras han de ser cofinanciadas por las administraciones nacionales.

El desarrollo rural o segundo pilar de la PAC —el primero son las ayudas directas— es el gran beneficiado con esta reforma, pues a él irá destinado el ahorro que se obtenga de la modulación. Nada tiene que ver con los programas Leader y Proder, sino que atañe a los planes agroambientales, de jubilación anticipada y de incorporación de jóvenes, entre otros, que son cofinanciados por los estados. 

Las ayudas europeas a la producción se conceden en función del volumen de cosecha recolectada y están llamadas a desaparecer, puesto que la Organización Mundial del Comercio así lo exige y porque se pretende desincentivar un modelo dedicado en exclusiva a producir y no tenga en cuenta los excedentes que en algunos sectores (actualmente, centeno, mantequilla y arroz), aparecen al sumarse la producción comunitaria y las importaciones.

Las ayudas europeas a la superficie cultivada, que se generalizaron tras la reforma de la PAC de 1992, se otorgan en función del volumen de siembras hechas. Esto no significa que una misma hectárea de trigo tenga idéntica subvención en toda la UE. Cada país y cada comarca tiene asignado unos rendimientos medios históricos, a partir de los cuales se calcula la cuantía de la ayuda.

Las ayudas comunitarias a la producción que para España las más importantes por su volumen económico son las de aceite de oliva, el algodón y la leche, están controladas por un sistema de cuotas o cupos máximos de producción nacionales (denominados cantidad máxima garantizada). La Comisión Europea solamente garantiza ayudas para la producción contenida en este tope. Si hay excesos, hay recortes para el agricultor en cuestión.

La subvención por siembras se encuentra también controlada en cada país por un sistema de superficies máximas garantizadas. Por ejemplo, el arroz cuenta en España con una superficie con cobertura económica europea de 104.973 hectáreas. Estas cantidades se asignan directamente por Bruselas a partir de criterios históricos y de tradición de los cultivos.

La penalización de la ayuda europea es una rebaja directa fijada por Bruselas cuando hay un exceso (o rebasamiento) de las superficies o producciones nacionales. Esta rebaja puede ser o bien provisional o bien progresiva —aumenta conforme lo hace el exceso—. La más sonora penalización es la multa láctea, que pesa sobre los ganaderos.

El abono de las ayudas se realiza a través de organismos pagadores nacionales (en el caso de Andalucía, el FAGA). El pago, a campaña vencida, se efectúa o bien de manera íntegra una vez descontada la penalización (el cereal tiene este sistema) o con varios anticipos y una liquidación final (por ejemplo, para el aceite de oliva y el algodón).

La intervención sirve de sostén a los precios agrícolas comunitarios mediante compras públicas de productos a un precio fijado por Bruselas (precio de intervención). Si baja el valor de mercado (por exceso de oferta) el agricultor puede vender a la administración a un precio fijo.

La OCM (Organización Común de Mercado) es el sistema que regula todo el sistema de apoyos comunitarios (ayudas, precio de intervención y cuotas de superficie o de cosechas nacionales) para un determinado cultivo. Para el campo español, la más famosa, por la polémica que trajo, es la OCM de grasas (incluye el aceite de oliva).

La reforma de la PAC, al margen de suponer un control del gasto agrícola, está determinada por las negociaciones de la OMC (Organización Mundial del Comercio), que postula un régimen de subvenciones menor a la agricultura y la supresión progresiva de las ayudas a la producción.

Al catalogar los subsidios, la OMC distingue entre caja ámbar, donde entran las ayudas a la producción y que se considera que ha de desaparecer —en teoría, al desincentivar la producción se puede beneficiar a los países pobres—, y la caja azul, que recoge las ayudas a la superficie y que no está cuestionada.

El desacoplamiento consiste en un sistema de concesión de ayudas no vinculado a la producción. Es sustituir los regímenes actuales en los que se subvencionan cosechas o rendimientos por ayudas a la hectárea o un pago único por explotación calculado sobre lo percibido en el periodo 2000-02.

El desacoplamiento (o desvinculación) es obligatorio, pero la Comisión Europea permite a los estados regular para sus territorios si ha de ser total o parcial . EL desacoplamiento parcial, que gusta a España, supone simultanear un porcentaje de la ayuda vinculada a la producción (por ejemplo, un 25 por ciento para el caso de los herbáceos) con otro a la hectárea (un 75 por ciento para esos herbáceos). Este último caso complica los cálculos.

La modulación aprobada –llamada dinámica o lineal – es un recorte de la ayuda directa al agricultor, salvo al que perciba al año de la UE hasta 5.000 euros (mínimo llamado franquicia). Será el 3 por ciento en 2005, del 4 en 2.006 y del 5 desde 2007. El ahorro lo gestiona Bruselas, que dará a cada país un 80 por ciento de lo recortado en él (un 90 por ciento para Alemania) para planes de desarrollo rural.

La modulación aprobada es distinta a la propugnada por la Junta de Andalucía y las asociaciones agrarias UPA y COAG. Esta consiste en el recorte progresivo de la subvención conforme aumenta la cuantía percibida por Bruselas —seria, por tanto, recortar de manera más intensa a quienes más cobran.

La degresividad no aprobada no es otra cosa que un principio de disciplina presupuestaria que ha de entrar en vigor en 2007. El objetivo es que el presupuesto agrícola comunitario no rebase el techo financiero pactado en la Cumbre de Bruselas. Si el techo no se respeta, hay más recortes directos de ayudas.

Precisamente esa Cumbre de Bruselas, que se celebró en 2002, determinó el presupuesto agro ganadero hasta 2013. Aquí está una de las grandes claves de la reforma de la PAC: como habrá más países y la cifra de agricultores se duplicará, se teme que el gasto se dispare. Si sucede, habrá más recortes.

La concesión de ayudas queda vinculada al estricto cumplimiento de una serie de exigencias medioambientales (directiva de aguas, código de buenas prácticas, bienestar animal, etcétera). Es la ecocondicionalidad, cuyo incumplimiento faculta al país a retener al agricultor el 25 por ciento de la ayuda.