AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1. LA UNIÓN EUROPEA Y SU AMPLIACIÓN

13 países llaman a las puertas de la Unión Europea. La caída del Muro de Berlín, y la consiguiente reconversión de los países comunistas del este y centro de Europa en sociedades con economía de mercado y dotadas de instituciones democráticas, abrieron el proceso en la última década del siglo XX. Junto a estas naciones, acompañan otras del mundo mediterráneo que, en algunos casos, llevan largo tiempo esperando su oportunidad. El ingreso será escalonado, en función de los progresos de cada uno de los candidatos. La primera oleada está prevista para 2004-2005. Bulgaria y Rumanía entrarán después, quizá en el 2007. Turquía, que ni siquiera ha podido empezar las negociaciones de acceso, será la última en acceder.

480 millones de habitantes dentro de un mercado único, una comunidad asentada en los mismos principios democráticos, y una extensión por encima de cuatro millones de kilómetros cuadrados –un tercio más de la actual-; la Europa ampliada que se dibuja en los comienzos del nuevo siglo, libre de irresolubles conflictos ideológicos, ensanchará la influencia y el poder político del viejo continente en el mundo.

Sin embargo, hay algunas incertidumbres sobre el éxito final del proceso. Del lado de los países candidatos, falta por saber si serán capaces de adaptar sus economías a un mercado de libre competencia muy exigente. En cuanto a la Unión Europea, si podrá adaptar sus instituciones y encauzar el futuro sin colapsar su funcionamiento, al tiempo que domina las turbulencias sociales derivadas de la ampliación.

Hace casi ya cincuenta años los seis países fundadores de la Comunidad Económica Europea -Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo- iniciaron un proceso de colaboración e intercambios comerciales sin precedentes en la historia mundial. La sucesiva incorporación de miembros -Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, en 1973; Grecia, España y Portugal en los ochenta- coincidió con una profundización de los lazos políticos en el seno de la institución. A lo largo de la agitada década final del siglo XX, la Unión Europea ha acogido a tres nuevos socios -Austria, Finlandia y Suecia-. Sus Estados miembros ya no pueden concebirse sin el paraguas presupuestario y jurídico que Europa les procura. Sin embargo, de unos años a esta parte, la voluntad integradora de sus políticos ha cedido terreno en favor de los intereses propios del país al que representan.

Euro, ampliación, reformas, presupuestos, competencias... Los asuntos del día a día y los grandes proyectos en los que anda embarcada la UE no han impedido que, en los últimos meses, mandatarios e instituciones europeas propongan abiertamente sus distintos modelos de futuro para el continente. El debate suscitado ha desembocado en una Convención, iniciada en marzo de 2002 y cuyos trabajos se prolongarán durante un año, que tratará de alcanzar consensos sobre el modelo de la Europa del futuro. Hasta 2004 -fecha en que las propuestas y definiciones teóricas se deberían plasmar en decisiones concretas-, el debate sobre la construcción europea, su ritmo y dirección, está servido.

La igualdad inicial de los países candidatos derivó rápidamente en un examen de sus situaciones particulares. El ritmo de progresión hacia una convergencia con la UE era diverso, y lo que sobre todo importaba a los mandatarios europeos en un principio era la estabilidad política y el arraigo democrático.

En este sentido, el proceso de ampliación ha rendido ya frutos. A estas alturas, la estabilidad política es un rasgo casi permanente del área del centro y este europeo, y el riesgo de involución hacia el autoritarismo, pequeño. Sus sociedades están enraizadas en valores europeos comunes: democracia, Estado de Derecho y respeto por los derechos humanos y las minorías.

Quedan problemas por resolver, como el respeto de las minorías en algunos países (sobre todo, la comunidad gitana), discriminaciones de lenguas no oficiales, o libertad de tránsito. Pero la voluntad y el interés de los candidatos y de la propia UE por consumar la ampliación pueden ayudar a resolverlos. En la mente de los políticos occidentales prevalece la idea de que la adhesión de nuevos Estados incrementará el peso específico y la influencia de la Unión en la escena internacional

En los próximos cinco años la UE ocupará un tercio más de territorio y población –sin contar Turquía, alcanzará los 480 millones de habitantes-. El producto interior bruto total de la Unión aumentará, sin embargo, menos de un 5%.

Los problemas derivados de este enorme desfase se han tenido en cuenta desde el principio. A través de los llamados Acuerdos Europeos, firmados con cada uno de los países candidatos, se han trasvasado a éstos grandes cantidades de dinero para que adapten sus economías y administraciones a las exigencias de la Unión. En el periodo 2000-2006, los fondos ascenderán a tres billones de pesetas.

Estas partidas han ayudado a que las economías candidatas a ingresar en la UE presenten grandes niveles de crecimiento, en algunos casos espectaculares, y a que en general, mejoren sensiblemente todas sus cifras macroeconómicas.
Más difíciles están resultando otros asuntos, como la lucha contra la corrupción o la reforma profunda de sus administraciones públicas. Una economía de mercado en funcionamiento, y capacidad para desenvolverse en el mercado europeo, muy competitivo.

Objetivo: Armonización de su legislación nacional con la comunitaria.
Situación: Las legislaciones nacionales han avanzado muy significativamente en su nivel de recepción del derecho comunitario. El examen de la legislación de los países candidatos comenzó en marzo de 1998 y terminó a finales de 1999. El nuevo acervo comunitario que se produzca en los próximos años se irá transmitiendo a los países candidatos para que lo integren en su ordenamiento.

Situación: Aunque se han registrado algunos avances, son insuficientes para vencer las deficiencias de las estructuras administrativas.

Tras los dramáticos cambios históricos y la caída del comunismo en los países del Este, la Comisión Europea recomienda la apertura de negociaciones de adhesión con aquellos países que respeten los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y a las minorías étnicas.

El Tratado de Maastricht instaura un nuevo modelo institucional, basado en el mercado único. Las Comunidades Europeas se pasan a llamar Unión Europea. Ésta manifiesta su intención solemne de ampliar sus fronteras hacia el Este.
Criterios de adhesión de Copenhague (1993)

El Consejo Europeo de Copenhage fija tres criterios generales para la aceptación de países candidatos: político (democracia y respeto de los derechos humanos); económico (existencia de libre mercado y competitividad) y jurídico (capacidad de absorber la legislación comunitaria).

A Turquía, que había presentado su candidatura en 1987, y a las islas de Chipre y Malta, que la presentaron en 1990, les siguen los países centroeuropeos:

La cumbre de Berlín aprobó los presupuestos financieros de la UE para el periodo 2000-2006. Se asignan 3 billones de pesetas como ayudas de preadhesión a los países candidatos, y se reservan cerca de 9,5 billones de pesetas del presupuesto de la UE en ese periodo para los países que ingresen.

Firmado el 26 de febrero de 2001, diseña el reparto de poder en Europa tras la ampliación de la UE a los países del Este. Los parlamentos de los distintos países miembros fueron ratificando a lo largo del año el Tratado, a excepción del de Irlanda. Allí la ratificación se sometió a referéndum, y contra todo pronóstico fue rechazada. Para salvar las reticencias de los irlandeses se abrió un debate público, que culminará en la segunda mitad de 2002 con la celebración de una nueva consulta popular.

En la convención que está debatiendo cuál debe ser el marco futuro de la Unión, y que está redactando una "constitución europea", todos los países candidatos están representados. Cada país tiene 1 representante de su jefe de estado o de gobierno, y otros 2 de su parlamento.

Participación en las elecciones al Parlamento europeo (2004)
En Gotemburgo se decidió asimismo que aquellos países candidatos que hayan finalizado las negociaciones participen en los comicios de 2004. Si por entonces no hubieran ingresado en la unión, sus parlamentarios podrán asistir a las sesiones pero no tendrán derecho de voto hasta que no se ratifiquen los tratados.

4. EL MAPA Y LOS EFECTOS DE LA AMPLIACIÓN

Antes de que acabe la presente década, se habrán incorporado a la Unión Europea, como miembros de pleno derecho, hasta diez países del Este y Centro de Europa (Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituana, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Rumanía), además de Chipre y Malta: doce en total.

En su conjunto, estos doce países, que denominaremos PECO, en la actualidad tienen una extensión que quivale al 33,5 % de la de la Unión, una población de más de 105 millones de habitantes (el 28 % de la comunitaria) un PIB que es el 12 % de la UE y una renta per cápita que, es el 34 % de la media comunitaria. Estos países presentan un patrón de especialización sectorial y de ventajas competitivas diferente al de la mayoría de los Quince, caminan decididamente hacia la estabilidad macroeconómica y crecen a ritmos elevados. Al mismo tiempo, poseen una mano de obra cualificada y por ello resultan, ya en la actualidad, a causa de su próxima incorporación a la UE, especialmente atractivos para la inversión extranjera directa, tanto comunitaria como extracomunitaria.

De todas estas características, sin entrar en los especiales aspectos institucionales y regulatorios, se deduce una amplia gama de consecuencias para todos los actuales miembros de la Unión, entre ellos España.

· El ajuste de los fondos estructurales y de cohesión y las repercusiones regionales.

De mantenerse los actuales criterios de elegibilidad para recibir las ayudas del objetivo nº 1 de los Fondos estructurales, las actuales diez regiones O-1 españolas pasarían a ser de tres en 2007: Andalucía, Extremadura y (a duras penas) Galicia. Por otra parte, España perdería también las ayudas del Fondo de Cohesión. Ello es así debido a que sólo las regiones mencionadas estarían por debajo del 75 % de la renta media de la nueva Unión que, a su vez, sería algo más del 12 % menor que el de la acual UE. Este efecto es, si se quiere, estadístico, pero refleja una realidad que obliga a reorientar las políticas comunitarias, de todas las maneras. Naturalmente, todo depende de cómo se reformulen, a su vez, las perspectivas financieras para el período 2.007-2.013, pues las relativas al período 2.000-2.006 ya están adoptadas por la Agenda 2.000 y son inamovibles, independientemente de que en este último período se produzca la primera, y sustantiva, fase de la ampliación.

Los PECO han mostrado un espectacular dinamismo en esta materia acumulando, ya desde hace una década, un apreciable stock de inversión directa respecto a su PIB, bastante mayor que el del conjunto de la UE.

La inversión directa llega a una economía cualquiera buscando ventajas competitivas y de localización que no encuentra en cualquier otra, y los PECO cuentan con una amplia gama de ellas. En primer lugar, su localización geográfica “central”, junto al eje nórdico-Alemania-Norte de Italia. Pero, sobre todo, lo que es más sustantivo, estos países poseen todavía formidables ventajas de costes laborales que se pueden cifrar en un 16 % de los españoles, menos de una sexta parte de éstos, y un 11,5 % de los de la UE. Además, los PECO mantienen, frente a la economía española, similares dotaciones de capital humano, a pesar de la dificultad de su medición y comparación precisa. Sus instituciones económicas, políticas, reguladoras, etc., todavía en fase de transformación, estarán plenamente adaptadas a las exigencias comunitarias en el momento de la adhesión, y aun antes.

Hemos de concluir aludiendo a la dificultad de hacer una prospectiva sobre el riesgo que los PECO compitan exitosamente con España por la inversión foránea, pero, en nuestra opinión, es riesgo se materializará si España no lleva a cabo una puesta al día de sus ventajas de localización, especialmente en materia de transporte y comunicaciones y de capital humano y tecnológico.

2. CRITERIOS EXIGIDOS EN LA PREADHESIÓN