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Los tratados del Canal de Panamá y sus acuerdos complementarios

Precipitadamente firmando al calor del movimiento independentista, el Tratado Hay-Bunau Varilla suscitó tras su aprobación una serie de dudas sobre su interpretación. Se temía que hubiera concedido derechos de soberanía sobre nuestro territorio, tras la creación de un espacio físico denominado Zona del Canal de Panamá, que se transfería a los Estados Unidos para la administración del Canal como si fuesen soberanos en el mismo. De las reclamaciones de Panamá surgió el denominado Convenio Taft de 1904, por el cual Estados Unidos le hacía ciertas concesiones a la República. Pero ante una serie de controversias políticas qeu amenazaban la soberanía panameña, por diferencias entre las autoridades del Istmo y las de la Zona del Canal, el Presidente Belisario Porras planteó por primera vez la necesidad de concertar un nuevo tratado entre los dos países en 1914. Frente a una política poco flexible de Washington, se iniciaron las conversaciones para introducir reformas al Tratado del Canal; pero el Convenio Kellog-Alfaro, firmado en 1926, fue rechazado por la Asamblea Nacional de Panamá. En 1936, con el Tratado Arias-Roosevelt se logró anular el principio de la intervención militar norteamericana en nuestros asuntos internos, para cambiar el concepto jurídico de que Panamá era un país protegido por Estados Unidos, que garantizaba nuestra independencia. En 1953, el Presidente José Antonio Remón Cantera inició con las autoridades de Washington una serie de conversaciones que culminaron en enero de 1955 con la firma del Tratado Remón-Eisenhower, que otorgaba algunas ventajas económicas a la República de Panamá. En abril de 1964, tras los sucesos del 9 de enero en que cayeron jóvenes panameños que intentaban colocar la bandera panameña en la Zona del Canal, Estados Unidos suscribió con Panamá la declaración Moreno-Bunker, en la que se comprometía a establecer negocianciones destinadas a derogar el Tratado Hay-Bunau Varilla. En 1965, Panamá y Estados Unidos firmaron la Declaración Robles-Johnson, de la cual surgieron no uno, sino tres tratados: uno sobre la administración del Canal actual, otro para la excavación de un canal a nivel por una nueva ruta, y otro sobre la defenza del Canal y su neutralidad. Este último suscitó tales protestas que el Presidente panameño Marco Aurelio Robles retiró los nuevos tratados de la mesa de deliberaciones de la Asamblea Nacional. Finalmente, en 1977 se firmaron los Tratados Torrijos-Carter: el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá. El Tratado del Canal de 1977 derogó el Tratado Hay-Bunau Varilla y sus pactos complementarios, eliminando los conceptos de perpetuidad de la administración norteamericana y de defenza continental que se había dado a las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Mediante este pacto, Estados Unidos se obliga a velar por que Panamá reciba el Canal en óptimas condiciones al mediodía (hora de Panamá) del 31 de diciembre de 1999, entrega que será precedida por la reversión progresiva a Panamá de 31,160 hectáreas de tierra y más de 4,000 edificaciones. El Tratado del Canal de 1977 creó el denominado Comité Consultivo del Canal de Panamá, integrado por igual número de representantes de Panamá y los Estados Unidos, con la función de asesorar a ambos gobiernos en asuntos de política que puedan afectar el funcionamiento de la vía acuática. Este comité debe brindar asesoría en materia de política de peajes, empleo y adiestramiento para aumentar la participación de panameños en el manejo del Canal. En el cumplimiento del Tratado del Canal de 1977, a partir del 1 de enero de 1990 por primera vez un panameño asumió el alto cargo de Administrador del Canal. La Dirección Ejecutiva para Asuntos del Tratado (DEPAT) coordina la labor de todos los organismos binacionales establecidos para la implementación de los tratados Torrijos-Carter y ofrece apoyo a los panameños que integran la Junta Directiva del Canal de Panamá y a las operaciones para los servicios de las áreas revertidas. El Tratado de Neutralidad otorga el derecho de igualdad a todas las naves del mundo y permite transitar, sin sometimiento a inspección, registro o vigilancia, a las naves de guerra y naves auxiliares de todas la naciones. También concede a las naves, tropas y materiales de guerra de Colombia el derecho a transitar el Canal, libres de peajes, derecho que ha sido extendido por Panamá a Colombia y Costa Rica después del 31 de diciembre de 1999, a través del Tratado de Montería. En 1993 Panamá estableció la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) para que coadyuvará a la supervisión de todos los bienes de la antigua zona canalera y planificara el uso, desarrollo y conservación de los bienes revertidos.

 Interés renovado

El gobierno español terminó por abandonar sus planes en el canal, pero a comienzos del siglo XIX los libros del científico alemán Alexander von Humboldt hicieron revivir el interés por el proyecto y en 1819 el gobierno español autorizó la construcción de un canal y la creación de una empresa para construirlo. Sin embargo, este esfuerzo no sirvió de nada, ya que la rebelión de las colonias pronto arrebató de manos españolas los posibles emplazamientos para el canal. Las repúblicas de Centroamérica intentaron buscar grupos en Estados Unidos y en Europa para que acometieran la construcción del canal, lo que se convirtió en motivo de perenne discusión en el Congreso de Estados Unidos. El descubrimiento de oro en California en 1848 y la avalancha de aspirantes a mineros estimuló el interés estadounidense por construir el canal, lo que trajo como resultado el Tratado Clayton-Bulwer. Varios estudios realizados entre 1850 y 1875 indicaban que sólo dos rutas eran prácticas: la que atravesaba Panamá y la que atravesaba Nicaragua. En 1876 se organizó una compañía internacional; dos años después obtuvo una concesión del gobierno colombiano (Panamá era entonces parte de Colombia) para excavar un canal a través del istmo.

 

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