Los tres acusados son el médico cubano Yamil Kourí, la empresaria Jeannette Sotomayor y el también empresario Armando Borel.

Kourí resultó culpable por los delitos de conspiración, lavado de dinero y fraude federal, por lo que enfrentaría una sentencia no menor a los 25 años de prisión.

Sotomayor fue encontrada culpable por cargos obstrucción de la justicia, conspiración y fraude federal y se expone a una sentencia de 20 años de cárcel.

Mientras, Borel fue encontrado culpable de conspirar y cometer fraude al gobierno federal, por lo que tendría que agotar una condena de 15 años. Sin embargo, fue exonerado en un segundo cargo de fraude por 27.000 dólares.

Sotomayor y Borel permanecerán en arresto domiciliario hasta el próximo 30 de septiembre a las 9:30 de la mañana, cuando se realizará la audiencia para fijar sentencia.

Kourí permanecerá encerrado en el Centro de Detenciones de Guaynabo hasta la audiencia de sentencia, ya que fue encarcelado luego de que se probara en sala que trató de manipular la declaración de un testigo.

Al momento de leer el veredicto, ninguno de los acusados "se inmutaron" y aceptaron en aparente tranquilidad la decisión del jurado.

El jurado, que comenzó a evaluar el juicio el pasado 11 de marzo y está compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, mantuvo poco más de cuatro horas de deliberaciones antes de emitir su veredicto, en un caso dirigido por el juez José A. Fusté y que por sus implicaciones políticas ha sido señalado como el "juicio de la década".

Los argumentos finales de la fiscalía y la defensa fueron presentados el viernes pasado, por lo que el jurado se retiró a deliberar en horas de la noche.

No obstante, los integrantes del jurado solicitaron tiempo de descanso, lo cual fue permitido por Fusté, quien pospuso la deliberación para este lunes, a la 1:00 de la tarde, cuando el proceso entraba en su día 58.

El fiscal federal Guillermo Gil reaccionó eufórico por el veredicto y lanzó una advertencia a todas las personas que de alguna forma mantienen esquemas de corrupción en el gobierno.

"No importa quien sea (el que cometa actos de corrupción), mientras yo esté en esta fiscalía, va a ser procesado", dijo Gil.

El jefe de los fiscales estadounidenses elogió la labor del equipo de trabajo que tuvo a su cargo el caso de fraude al Instituto del Sida, el cual estuvo dirigido por la fiscal María Domínguez, quien se mantuvo vinculada al proceso a pesar de su avanzado estado de embarazado.

De hecho, los rostros de Domínguez y sus colaboradores mostraban alegría tras la determinación judicial.

Gil agradeció también la colaboración del ex representante independentista David Noriega, quien descubrió el fraude y logró que la Oficina del Contralor lo llevara a la consideración de las autoridades estadounidenses.

También agradeció el respaldo ofrecido por "el pueblo de Puerto Rico" a su gestión y salió velozmente de la sala del juez para notificarle a un grupo de manifestantes que montaron una vigilia frente al tribunal que Kourí y sus socios fueron declarados culpables.

Noriega señaló que el veredicto "hizo justicia para el pueblo de Puerto Rico" e instó al grupo de acusados que enfrenta un segundo juicio por fraude que colaboren con las autoridades.

Para finales de este año o principios del siguiente, se espera que inicie el segundo juicio en el que juzgarán a los acusados Luis Dubón, hijo, asesor legal de la Institución y principal recaudador de fondos del Partido Nuevo Progresista (PNP); Jorge Garib Bazaín, ex director médico; y a la directora de Recursos Humanos, Milagros García.

Gil no descartó que nuevas acusaciones sean presentadas con relación a este caso.

Con la determinación de este lunes, la fiscalía federal probó que Kourí, un ex asesor en salud del gobierno puertorriqueño, encabezó un escandaloso esquema de fraude que financió con dinero público las candidaturas de varios líderes políticos.

Kourí recibió en el esquema de fraude la ayuda de Sotomayor, ex administradora de la empresa "Advance Community Health Services" (ACHS), y de Borel, el custodio de la propiedad de esa compañía, además del médico Rafael Rizek Nassar, quien se declaró culpable antes de iniciar el proceso.

Al trío se le imputaba desviar 2,2 millones de dólares en fondos a través de la ACHS, parte del cual supuestamente fue utilizado para beneficio propio y para ayudar en las campañas políticas de influyentes líderes del gubernamental PNP y del opositor Partido Popular Democrático (PPD).

El Instituto del Sida de San Juan era una agencia gubernamental creada el 28 de agosto de 1987 para ayudar a las víctimas de esa mortal enfermedad y orientar a la población sobre los avances de la epidemia.

La operación de la agencia fue dejada en manos de la empresa privada ACHS, para la cual trabajaban todos los acusados, la cual se dedicó a estafar al gobierno federal y pagar favores a políticos con los recursos otorgados para ayudar en la lucha contra el sida.

Las acusaciones de donativos políticos llegó hasta el gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, quién fue señalado por el principal testigo de la fiscalía como uno de los políticos que recibió dinero.

Rosselló tuvo que comparecer ante el tribunal y explicar su participación en el Instituto al momento del fraude, pero hasta el momento no se ha vinculado con alguna actividad ilegal.

Según Angel Corcino Maurás, contralor de la ACHS que se convirtió en testigo del pueblo para evitar sanciones mayores por su participación en el fraude, Rosselló supuestamente recibió 250.000 para su campaña a la gobernación del 1992.

Corcino Maurás llegó más lejos en su declaración y aseguró que el ex presidente del PPD y candidato a la gobernación en 1996 por esa colectividad, Héctor Luis Acevedo, recibió pagos de 5.000 dólares mensuales por un periodo largo de tiempo para financiar sus actividades políticas.

Acevedo también tuvo que comparecer a juicio para responder por esas imputaciones.

Tanto Rosselló como Acevedo negaron las imputaciones y acusaron a la defensa de utilizarlos para un circo político".

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Granados Navedo, también tuvo que testificar luego de que se destapara que recibió dinero de parte de alguno de los acusados del esquema de fraude cuando fue candidato a la alcaldía de San Juan en 1988 por el oficialista PNP.

Granados Navedo aceptó que recibió 200.000 dólares en efectivo de manos de Jorge Garib, quien era su recaudador de fondos y está acusado por fraude al Instituto.

Uno de los políticos que se había declarado culpable, el ex senador del PPD, Eduardo Rosario Burgos, declaró en sala que recibió 50.000 dólares de fondos del Instituto para su campaña política.

Rosario Burgos admitió que recibió el dinero de parte de la ACHS y utilizó parte de él para financiar su campaña política durante las elecciones generales del 1992.